La dirigencia rural y la oposición política salieron ayer en pleno a rechazar un posible uso de la ley antiterrorista para obligar a los productores agropecuarios a liquidar la soja de la campaña que ya empezó a cosecharse y que debería llenar la plaza de dólares a partir de abril.
La Mesa de Enlace criticó la posibilidad de forma unánime. “Es una práctica fascista, ésta entendida como un gobierno que quiere concentrar todo el poder, no admite crítica, oposición y quiere controlar todo lo que sea industria, comercio y producción”, afirmó el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Luis Miguel Etchevehere, en Tucumán, en una asamblea con 600 productores de la que participó la cúpula de la Mesa de Enlace.
Según funcionarios del Gobierno, el sector agropecuario mantiene en silobolsas soja de la campaña pasada por entre u$s 3.000 y 5.000 millones, que ya provocó rastrillajes de la AFIP por toda la zona pampeana para detectar posibles maniobras de evasión. Los ruralistas dicen haber vendido todo.
Pero es la campaña que ya empezó a cosecharse la que tiene a los funcionarios preocupados. Según un informe de Bein, el campo debería exportar u$s 25.600 millones de soja y gran parte de ese dinero entrará al Banco Central entre abril y julio, cuando se liquide la cosecha gruesa. Ante un escenario de precios baratos (descontadas las retenciones, el productor sojero recibe un dólar a $ 3,32, contra el $ 5,20 oficial y el $ 8,30 blue) los ruralistas intentan vender lo menos posible. Entienden que la cosecha es su reserva de valor. Y lo confirmó Etchevehere: “Este año los productores van a dosificar las ventas para poder mantener su poder adquisitivo hasta la próxima cosecha, tendrán mucha prudencia al momento de vender y van a estudiar mucho cualquier compra e inversión antes de realizarlas”, indicó.
EL CRONISTA
