El magistrado fundó el rechazo en que el intendente muncipal, firmante de la demanda, no cuenta con legitimación para impugnar el decreto en cuestión. Para ello, se basó en los argumentos dados por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, al descartar una acción del intendente de Villa Gesell contra la misma normativa.
En tal sentido, expresó "que el Estado Nacional no asumió obligación alguna con el precitado municipio, ni con ningún otro en particular, sino que acordó con las provincias adherentes que las mismas se comprometían a su vez a entregar el 30% de lo percibido en concepto de Fondo Federal Solidario a sus municipios. Ello implica que quien tiene legitimación para agraviarse por la derogación del decreto 206/09 son los titulares del mismo, es decir, las provincias adherentes"
