Entre los intendentes bonaerenses, desde hace un tiempo, crece la preocupación por las derivaciones que podrían tener las investigaciones judiciales sobre los hechos de corrupción detectados en el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Jorge D’Onofrio.
Por lo tanto, al carecer de documentación legal para la instalación y uso de los cinemómetros, miles de infracciones realizadas en los últimos años mediante el sistema de fotomultas podrían quedar sin efecto, lo que podría provocar una catarata de juicios, ya que ciudadanos “mal infraccionados” podrían demandar a los municipios y a la provincia de Buenos Aires por haber sido multados sin respaldo legal.
Vale recordar que, en diciembre del año pasado, contra las cuerdas por el avance de las causas judiciales y la mediatización de las irregularidades en la implementación del sistema de fotomultas y la VTV, Jorge D’Onofrio se vio obligado a renunciar al Ministerio de Transporte provincial aduciendo “motivos personales”, cuando su imputación como partícipe necesario en una de las causas que investiga maniobras fraudulentas vinculadas al sistema de recaudación de multas de tránsito y a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) estaba al caer.
En realidad, era insostenible que el gobernador Axel Kicillof mantuviera a D’Onofrio al frente de la cartera. Todo hacía sospechar que el reemplazante sería alguien cercano al gobernador, ya que comenzaban los roces con el cristinismo y La Cámpora, pero respetando los acuerdos no escritos, designó como titular de Transporte al massista Martín Marinucci, dejando nuevamente un ministerio clave en manos del Frente Renovador.
Según consta en la investigación a la que tuvo acceso MDZ, llevada adelante por el fiscal federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, Paulo Starc, se detectaron serias “irregularidades en la ejecución de convenios suscriptos por once municipios de la provincia de Buenos Aires con la Universidad de San Martín (UNSAM), referentes a la administración del sistema de cobros de multas por infracciones de tránsito”.
En la instrucción se pone de manifiesto que “la UNSAM cobró entre enero y octubre de 2024 aproximadamente $1.909.000.000 por las multas, sin ser proveedora de tecnología ni estar registrada para ello”, advirtiendo que la investigación por “presuntas irregularidades” en la administración y distribución de los fondos recaudados por los municipios de La Matanza, General Pueyrredón, Roque Pérez, Junín, Olavarría, Morón, Zárate, General Rodríguez, 9 de Julio, San Isidro y General San Martín “podrían consistir en defraudaciones al erario público municipal”.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la ausencia de formularios —especialmente el Formulario 02, que valida la instalación y uso de cinemómetros—, las subcontrataciones sin licitación y un esquema de distribución de fondos alejado de lo que establece la ley. Todo esto podría dejar sin efecto miles de actas de infracción labradas por el sistema de fotomultas en los últimos años.
La normativa vigente exige que los dispositivos estén homologados, emplazados con autorización provincial y registrados correctamente ante el Ministerio de Transporte. Sin embargo, muchos municipios tercerizaron estos servicios a través de universidades nacionales que luego subcontrataron a empresas privadas sin licitación pública, algo expresamente prohibido por el Decreto 1023/01.
Por este motivo, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, tras detectar “presuntas inconsistencias” en la implementación de los convenios firmados en 2020 y 2022 con la UNSAM y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNOS), decidió suspender por 180 días el sistema de fotomultas, intimando a las universidades públicas a responder, en un plazo de 15 días, una serie de requerimientos destinados a aclarar las ambigüedades y contradicciones encontradas.
En declaraciones periodísticas, el jefe comunal sanisidrense, apuntando a la administración de Gustavo Posse, su antecesor, dijo: “Las fotomultas deberían ser una herramienta para cuidar la seguridad vial, no pueden nunca perseguir un fin recaudatorio. Queremos garantizar que el sistema de fotomultas esté de verdad orientado a reducir accidentes y salvar vidas, no a sacarle plata al vecino, y mucho menos para beneficiar a empresas y/o funcionarios políticos escondidos detrás de convenios oscuros”.
En tanto, en el partido de General Pueyrredón (Mar del Plata), el bloque de concejales de Unión por la Patria pidió la suspensión de las fotomultas por 180 días, argumentando que: “el sistema de fotomultas en Mar del Plata nació mal. Sin licitación, sin control, sin pasar por el Concejo Deliberante. ¿El resultado? Menos del 24% para el Municipio. ¿El resto? Va para una fundación”.
Amparándose en la investigación del fiscal federal Paulo Starc y en la medida adoptada por el intendente de San Isidro, afirmaron: “No lo decimos nosotros solos. Lo dice la Justicia Federal, que allanó universidades, empresas y municipios. También lo dice el municipio de San Isidro, que suspendió por 180 días el mismo sistema por considerarlo ‘opaco’”.
Uno por uno cuales son los municipios bonaerenses que podrían tener que anular las fotomultas
Según las investigaciones judiciales, los municipios más comprometidos, no solo por las contrataciones y subcontrataciones, sino también por los porcentajes recibidos por las fotomultas, son:
La Matanza: el municipio recibe el 20% de lo recaudado; la empresa Tránsito Seguro S.A., el 40,32%; y la Fundación UNSAM, el 19,68%. Se detectó radarización sin Formulario 02, sin cartelería y contratación vía fundación con subcontratación prohibida a T-Seguro.
General Pueyrredón (Mar del Plata): el municipio recibe el 24%; la Fundación UNSAM, el 56%; y la empresa Tránsito Seguro S.A., bajo convenio. Inconsistencias: falta de licitación y radar operando antes de la validación provincial.
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General San Martín: el municipio recibe el 27,2%; Tránsito Seguro S.A., el 36,9%; y la Fundación UNSAM, el 15,84%. La inconsistencia es el convenio con la universidad para evadir licitación pública.
Morón: se detectaron subcontrataciones encubiertas a través de la UTN y dudas sobre la homologación y trazabilidad del equipo. La empresa proveedora es Secutrans S.A.
San Isidro: se destaca la falta del Formulario 02 y convenios con universidades sin control público previo. Empresa involucrada: Tránsito Seguro S.A.
Campana: La inconsistencia detectada es que el convenio fue firmado por funcionarios que trabajaban tanto en la UTN como en empresas privadas. La justicia investiga vínculos personales y retorno económico irregular. La empresa operadora del sistema de fotomultas es Smart Vial S.A.
Tigre: Se detecto que la rendarización se implementó sin la autorización de la provincia de Buenos Aires, además de “posibles” sobreprecios y participación cruzada de funcionarios. Zárate: Las fotomultas y cobranzas de las infracciones son realizadas con equipos no declarados, y hay falta de control técnico provincial.
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Otro dato a tener en cuenta es que la Justicia de La Plata, a través del fiscal Álvaro Garganta y el juez Juan Pablo Massi, avanza en una investigación contra CECAITRA, empresa acusada de utilizar radares sin autorización desde enero de 2022.
En ese expediente se recolectaron pruebas de actas de infracción nulas, usurpación de funciones y posible evasión tributaria. Por ello, el fiscal Garganta solicitó a la Justicia Federal documentación para unificar y contrastar expedientes con el objetivo de ampliar la investigación a las empresas denunciadas.
Ese modelo sirve como espejo para analizar los otros casos en revisión, con nuevas investigaciones en curso en el Juzgado Federal de Tres de Febrero, que tiene en la mira a empresas como Secutrans S.A., Tránsito Seguro S.A. y Smart Vial S.A., por delitos de fraude, lavado de activos y desvío de fondos públicos.
Ante este escándalo, originado durante la gestión de Jorge D’Onofrio en el Ministerio de Transporte bonaerense, el actual ministro Martín Marinucci toma medidas para diferenciarse de su antecesor, enfrentando un serio obstáculo político y operativo, ya que gran parte del equipo técnico que continúa en funciones responde a D’Onofrio y está señalado por haber avalado o ignorado las anomalías detectadas. Entre ellos destacan Damián Contreras, exencargado de Seguridad Vial, y Alejandro Blanco, exdirector de Radares.
Por otra parte, se espera que se expida la autoridad de aplicación sobre la validez de las fotomultas, a cargo del Licenciado Jorge Orzali, director provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa, figura clave en la coordinación con las empresas proveedoras cuestionadas, los juzgados de faltas (provinciales y municipales) y en la validación de radares.
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https://mdzol.com/sociedad/2025/5/8/fotomultas-municipios-bonaerenses-suspenderian-su-uso-por-irregularidades-1208028-amp.html
